El arresto en Acapulco de un hombre pobre por transportar menos de un centenar de huevos de tortuga refleja la contradicción más dolorosa de México: el gobierno es fuerte con los débiles y débil con los poderosos.
Nadie duda de la importancia de proteger a las especies en peligro, pero ¿qué justicia social puede presumir un Estado que encarcela a quien busca alimentar a su familia, mientras los grandes criminales siguen imponiendo su ley en las calles?
El combate al saqueo de huevos de tortuga se presume como un triunfo institucional, mientras los homicidios, extorsiones y desapariciones continúan golpeando a Guerrero y al país entero. La criminalización de la pobreza no puede ser política pública.
Este caso es un símbolo de prioridades invertidas: se persigue al pobre con todo el peso de la ley, mientras la violencia organizada erosiona la seguridad nacional. Proteger la biodiversidad es un deber, sí, pero proteger la dignidad y la vida de los ciudadanos debería ser aún más urgente.
✍️ Alexa Capote
Periodista Transexual
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