Palmadita al hombro de México

El Plan Michoacán: ¿Una Estrategia Integral o Solo Otra Palmadita en el Hombro del pueblo de México ?
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025, se presenta como un esfuerzo «sin precedentes» para combatir la violencia en uno de los estados más azotados por el crimen organizado en México. Con una inversión de más de 57 mil millones de pesos para 2025 (y 37,450 mdp adicionales en 2026 solo para becas y bienestar), el plan despliega 10,500 elementos de la Guardia Nacional, crea fiscalías especializadas y promete atacar las «causas raíz» de la inseguridad mediante desarrollo social y económico. Sin embargo, al confrontar sus componentes con la cruda realidad de Michoacán —donde carteles como el CJNG y La Familia Michoacana controlan territorios enteros mediante extorsión, secuestros y trata—, emerge un panorama desolador: no es una continuación exacta del «abrazos no balazos» de la era AMLO, pero tampoco una confrontación frontal. Es, en esencia, una fórmula reciclada de planes pasados (como los de Peña Nieto), que prioriza paliativos sociales sobre la erradicación estructural del cáncer del narcoestado. Críticos del PAN y analistas independientes lo tildan de tardío y superficial, llegando tras 474 homicidios en el primer cuatrimestre de 2025, sin desmantelar el vacío de poder que permite a los criminales operar con impunidad.
Los 12 Ejes: Apoyos Familiares con un Toque de Seguridad, pero Sin Raíz Profunda
El plan se organiza en 12 ejes, con más de 100 acciones que benefician directamente a 1.5 millones de habitantes. Gran parte (ejes 5-12) se centra en «apoyos a familias»: pensiones para adultos mayores, becas para 80,000 jóvenes, condonación de deudas hipotecarias para 180,000 hogares, créditos agrícolas por 10 mil mdp y programas contra la violencia de género. Esto incluye la nueva beca «Gertrudis Bocanegra» para educación superior, electrificación rural y empoderamiento para mujeres en sectores como el forestal. En desarrollo económico, se crean polos industriales en Uruapan y el Bajío, con énfasis en aguacate, limón y berries para contrarrestar la extorsión cartelera. La infraestructura (carreteras por 13 mil mdp, agua potable en Tierra Caliente) busca reducir disputas por recursos que alimentan la violencia. Para pueblos indígenas, hay planes específicos como el P’urhépecha, con consulta previa y derechos territoriales.
En seguridad (eje 1), se promete inteligencia, 18 drones, 5 helicópteros y operaciones como «Plan Paricutín» para «sellar» fronteras estatales y combatir extorsiones. Para jóvenes y mujeres (ejes 10-11), se enfatizan empleos dignos, actividades extracurriculares y atención a víctimas, reconociendo implícitamente la deserción escolar como puerta de entrada al crimen. Pero aquí radica el primer choque con la realidad: estos ejes asumen que la violencia se mitiga con oportunidades voluntarias, ignorando que el reclutamiento no es una «decisión» de los jóvenes, sino un secuestro forzado o bajo amenazas letales a sus familias. En Michoacán, miles de adolescentes son arrancados de sus hogares en regiones como la Meseta Purépecha, obligados a halconeo o sicariato; las niñas y jovencitas, captadas para ser concubinas de capos o prostitutas en redes de trata que generan millones para los carteles. Informes de la CNDH y la ONU documentan esto como la tercera fuente de ingresos narco, con víctimas silenciadas por el terror.
La Viabilidad: Una Aspirina para un Cáncer Terminal
¿Puede este plan garantizar el fin de la violencia cartelera? Su viabilidad es ilusoria, confrontada con evidencias de fracaso histórico. El despliegue militar y la fiscalía especializada suenan contundentes, pero repiten errores: no purgan la corrupción en policías locales ni desarticulan el halconeo que infiltra instituciones. Peor aún, las herramientas básicas de denuncia —como el 911 para emergencias y el 089 para reportes anónimos— están comprometidas por colusión entre crimen y autoridades. La gente en Apatzingán o Uruapan lo sabe: halcones monitorean llamadas, filtran datos y envían represalias, como se vio en asesinatos de productores de limón que intentaron reportar extorsiones. Solo el 72% de las denuncias previenen delitos, y muchas ni se hacen por miedo; en X y foros locales, se comparte que una llamada puede costar la vida. Sin protocolos para líneas seguras (apps encriptadas, auditorías independientes o protección a testigos), el plan no frena secuestros ni trata: patrullajes de la Guardia Nacional disuaden temporalmente, pero sin inteligencia comunitaria o reformas judiciales, los carteles adaptan y contraatacan.
Los apoyos familiares son generosos en papel —becas reducen deserción, créditos alivian pobreza—, pero actúan como vendajes en heridas abiertas. Al «atacar causas raíz», el gobierno ignora que el cáncer es sistémico: un narcoestado donde carteles controlan telecomunicaciones, imponen «servicios» de internet y cooptan a funcionarios. Llega tarde, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, y depende de coordinación federal-estatal frágil, con Sheinbaum supervisando quincenalmente pero sin métricas independientes. Expertos como Lorena Cortés Villaseñor advierten que, sin erradicar la impunidad (México tiene tasas de resolución de homicidios por debajo del 5%), estos planes fallan como los anteriores.
Conclusión: Una Palmada en el Hombro al Pueblo Sufriente
En última instancia, el Plan Michoacán es solo otra palmadita en el hombro al pueblo de México: un gesto reconfortante que inyecta recursos y promesas, pero evade la cirugía radical para extirpar el cáncer del crimen organizado. Es una aspirina para un tumor metastásico que no se puede —o no se quiere— erradicar, porque confrontarlo de verdad implicaría desmantelar redes de colusión arraigadas en el poder, reformar un sistema judicial capturado y priorizar la dignidad sobre el paliativo. Mientras las familias viven bajo amenazas, los jóvenes son secuestrados y las niñas tratadas como mercancía, este plan perpetúa el ciclo: alivia síntomas, pero deja intacto el mal que devora el estado. Para una paz real, México necesita más que informes mensuales en mañaneras; urge voluntad política para una confrontación sin medias tintas. Por Alexa Capote Periodista Transexual elkuadernozdekomunikazion.wordpress.com