El derecho humano a vivir plenamente: un mandato ético y político
Por Alexa Capote, Periodista Transexual
En la vorágine de un mundo que a menudo se muestra indiferente ante el sufrimiento humano, urge recordar un principio que debería guiar a toda sociedad: el derecho de cada persona a vivir plenamente, desde la concepción hasta la muerte natural, con dignidad, salud y felicidad garantizadas. No se trata de una aspiración romántica, sino de un compromiso ético y político que los gobiernos están obligados a asumir y materializar.
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La vida no es mera supervivencia
Hablar del derecho a la vida suele reducirse a un enunciado mínimo: “que nadie muera injustamente”. Sin embargo, ese enfoque estrecho olvida que la existencia humana no es simplemente respirar o subsistir. El derecho a la vida no puede desligarse de la calidad de esa vida.
Una vida plena implica condiciones de salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad. Implica también acceso a oportunidades de desarrollo personal y colectivo, a espacios de cultura, recreación y paz. La vida, en su dimensión más amplia, es gozo, sentido, esperanza. No basta sobrevivir: el ser humano está llamado a vivir con plenitud y dignidad.
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La felicidad como parte del derecho
Demasiado tiempo se ha relegado la felicidad al terreno de lo privado, como si el Estado no tuviera nada que ver con ella. Pero lo cierto es que la felicidad, entendida como bienestar integral, es también un derecho y una responsabilidad pública.
Un gobierno que no garantiza servicios de salud dignos, que no asegura acceso a la educación, que permite la corrupción y la desigualdad, está negando a sus ciudadanos la posibilidad de ser felices. El dolor de la pobreza extrema, el miedo por la inseguridad, la frustración ante la falta de oportunidades son formas de violencia estructural que contradicen el derecho a la vida plena.
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El deber de los gobernantes: riqueza y justicia social
Aquí surge la pregunta central: ¿de quién es la responsabilidad de garantizar este derecho? La respuesta es clara: de quienes ejercen el poder político y administran los recursos de una nación.
Gobernar no significa mandar, ni acumular privilegios, ni perpetuar élites. Gobernar es, ante todo, una obligación moral y política de asegurar que la riqueza del país se distribuya de manera justa.
Que los recursos no se concentren en unos cuantos.
Que el desarrollo llegue a todos los rincones del territorio.
Que el bienestar se sienta en las calles, en los hogares, en las familias.
Un presidente, un gobernador, un legislador que ignora el hambre de su pueblo mientras protege intereses privados, traiciona su mandato y corrompe la esencia misma del servicio público.
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Desde la concepción hasta la muerte natural
El derecho a la vida plena debe entenderse en toda su extensión: comienza en la concepción y concluye en la muerte natural. Reconocer esto significa cuidar la vida en cada etapa:
Proteger la infancia, garantizando educación y salud desde los primeros años.
Respetar y acompañar a la juventud, brindándole oportunidades de empleo, cultura y crecimiento.
Reconocer la fuerza del adulto en su etapa productiva, evitando la explotación y ofreciendo salarios dignos.
Cuidar a los ancianos, que merecen vivir con seguridad, respeto y gratitud por lo aportado.
Cada etapa de la vida es valiosa. Cada ser humano, en cada momento de su existencia, merece condiciones para florecer.
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La tragedia de la desigualdad
En demasiados países —México incluido—, la realidad contradice este ideal. La riqueza nacional se concentra en élites privilegiadas, mientras millones viven en la pobreza. Los gobernantes hablan de progreso, pero permiten que hospitales se queden sin medicinas, que escuelas se caigan a pedazos, que familias enteras sobrevivan con salarios miserables.
Esa desigualdad no es un accidente: es el resultado de decisiones políticas que benefician a unos y condenan a otros. Cada niño desnutrido, cada madre que muere por falta de atención médica, cada anciano abandonado es un recordatorio de que la justicia social no es caridad: es un derecho pendiente.
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Una obligación ética y política
Los derechos humanos no son favores que los gobernantes otorgan: son obligaciones que están llamados a cumplir. Proteger la vida plena de la ciudadanía es deber del Estado, y no hacerlo equivale a una forma de violencia estructural.
Un político que de verdad sirve a su pueblo debe poner en el centro el bienestar común, no los intereses económicos de unos pocos. De lo contrario, la política se reduce a un negocio, y el poder se convierte en herramienta de opresión.
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Una responsabilidad colectiva
Garantizar este derecho a la vida plena no recae únicamente en los políticos. También es tarea de la sociedad civil, de las organizaciones, de las comunidades y de cada ciudadano. Pero los gobernantes, que administran los recursos y deciden el rumbo de las naciones, son quienes tienen mayor responsabilidad.
Porque al final, la política no debería medirse por discursos ni promesas, sino por su capacidad de garantizar lo más básico y lo más profundo: que cada ser humano viva, desde la concepción hasta la muerte natural, una vida justa, digna y feliz.
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